Procedimiento judicial contra tres investigados por el incendio de Doñana de 2017

Tres investigados por «imprudencia grave» por el incendio que arrasó casi 8.500 hectáreas del entorno de Doñana en 2017.

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer (Huelva) ha dictado un auto para continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas contra tres personas investigadas por el incendio forestal que afectó al paraje ‘La Peñuela’ en junio de 2017. Este incendio arrasó 8.468 hectáreas del entorno de Doñana.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota, el auto, fechado el 30 de mayo, subraya que existen indicios de la comisión de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Los investigados están vinculados a una empresa carbonera que operaba en La Peñuela, y uno de ellos es el administrador único de dicha entidad.

La investigación reveló que la carbonera funcionaba con más hornos de los autorizados y había construido nuevos hornos sin la autorización necesaria de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Pese a las restricciones impuestas para prevenir incendios, el día del suceso no se cumplían las medidas de seguridad requeridas.

El incendio se originó el 24 de junio de 2017 cuando un trabajador de la carbonera encendió uno de los hornos, desatendiendo las condiciones meteorológicas adversas. El fuego se propagó rápidamente, causando la evacuación de un camping, un hotel, una urbanización y un centro de recuperación de linces, entre otros. El desastre afectó gravemente a la biodiversidad del Parque Nacional de Doñana y provocó daños materiales significativos, obligando al desalojo de unas 2.500 personas y el corte de carreteras.

El auto judicial indica que la causa del incendio fue el transporte de partículas incandescentes desde los hornos de la carbonera hasta la vegetación cercana, exacerbado por las condiciones climáticas adversas. La extinción del incendio requirió la intervención de medios nacionales, autonómicos y locales y se logró controlar completamente el 4 de julio de 2017.

El caso se sustenta en pruebas aportadas por la Guardia Civil, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) y diversas periciales técnicas, así como declaraciones de testigos y afectados. El proceso judicial sigue adelante para determinar las responsabilidades y consecuencias legales de este grave incidente ambiental.