Agente de la Guardia Civil de Tráfico. GUARDIA CIVIL (Foto de ARCHIVO) 10/11/2017

El Tribunal Supremo anula el traspaso de competencias de tráfico a Navarra, la Guardia Civil no se retirará.

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto mediante el cual el Gobierno de Pedro Sánchez había acordado el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra. Esta medida, anunciada este lunes, desencadenó una serie de reacciones tanto a nivel político como social.

La anulación del Real Decreto llega como resultado del recurso presentado por la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL), que argumentó que la decisión del Gobierno tendría como consecuencia la obligación de trasladar a 200 agentes fuera de Navarra, señalando que sería el primer paso hacia una posible expulsión del Cuerpo de la región.

La resolución del Tribunal Supremo ha sido recibida con diversas opiniones en Navarra. Por un lado, sectores políticos y ciudadanos que se oponían al traspaso de competencias ven esta decisión como un respaldo a la permanencia de la Guardia Civil en la región. Por otro lado, quienes defendían el traspaso de competencias como una medida de descentralización y autonomía ven en esta anulación un obstáculo a la gestión local de la seguridad vial.

Entre los argumentos esgrimidos por la asociación JUCIL se encuentra la preocupación por las implicaciones que tendría el traslado de los agentes de la Guardia Civil fuera de Navarra, tanto en términos operativos como en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Además, se ha destacado el hecho de que esta decisión representaría un precedente en el posible proceso de expulsión del Cuerpo de la región, lo que ha generado inquietud entre algunos sectores de la población.

Por su parte, el Gobierno central y el Gobierno de Navarra han manifestado su intención de analizar detenidamente la resolución del Tribunal Supremo y estudiar los pasos a seguir en este proceso. Mientras tanto, la Guardia Civil de Tráfico seguirá desempeñando sus funciones en Navarra, a la espera de nuevas directrices en torno a esta cuestión que ha generado un intenso debate tanto en el ámbito jurídico como en el político y social.

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