Forma parte del Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta diseñada para fortalecer los derechos fundamentales y la convivencia en un contexto donde las tensiones entre libertad de expresión y sensibilidad religiosa.
El Gobierno ha reafirmado su compromiso de impulsar, a lo largo de 2025, una reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación artística. Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta diseñada para fortalecer los derechos fundamentales y la convivencia en un contexto donde las tensiones entre libertad de expresión y sensibilidad religiosa han sido objeto de debate recurrente.
El Ejecutivo busca actualizar un marco legal que, en su opinión, ha sido instrumentalizado para censurar expresiones artísticas o humorísticas, como ha ocurrido recientemente en polémicas públicas. “No podemos permitir que herramientas legales sean usadas para amedrentar a ciudadanos o para coartar la creación cultural”, afirmó una fuente gubernamental.
La reforma planea delimitar de forma clara qué constituye una verdadera ofensa hacia los sentimientos religiosos, diferenciándolo de expresiones legítimas en el ámbito artístico o humorístico.
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Tras el programa, el presidente de la corporación, Pablo López, escribió un mensaje en la red social «X» con la imagen de Lalachus mostrando la estampita en el que decía «Feliz de trabajar con gente que arriesga».
Para Abogados Cristianos, ese mensaje en redes sociales muestra que «la burla contra los cristianos contaba, como mínimo, con su beneplácito o, incluso, fue orquestada por él».
La organización de juristas ha denunciado que se utilice el «ataque a los cristianos» para «generar polémica y así aumentar algo que ya ocurrió con la gala de inauguración de los Juegos Olímpicos».
A juicio de la organización, el uso de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús como la vaca del Gran Prix, «denota un claro menosprecio y burla hacia los ritos y símbolos del catolicismo y supone una vejación, una injuria y un ultraje hacia los sentimientos religiosos y las creencias católicas».
Sectores ultraconservadores han criticado la iniciativa, calificándola de un ataque a los valores tradicionales del país. Por otro lado, defensores de la libertad de expresión, así como organizaciones culturales y de derechos humanos, han aplaudido el anuncio como un paso necesario para adaptar las leyes a los estándares democráticos contemporáneos.
El debate sobre la libertad de expresión y los sentimientos religiosos promete ser uno de los puntos más candentes de 2025. Con esta reforma, el Gobierno busca no solo garantizar derechos, sino también enviar un mensaje claro: la democracia española sigue avanzando hacia una mayor protección de las libertades fundamentales.
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