Los agentes han recabado la documentación relacionados con la concesión del servicio de estacionamiento regulado de Matalascañas y el aparcamiento municipal de El Rocío.
La Guardia Civil ha retirado este martes documentación del Ayuntamiento de Almonte por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado, en el marco de la investigación judicial abierta sobre la adjudicación del contrato de la Zona ORA de Matalascañas y la concesión del aparcamiento municipal de pago de El Rocío.
La actuación se produjo después de que el órgano judicial requiriera diversa documentación relacionada con ambos expedientes administrativos. Los agentes accedieron a las dependencias municipales para recoger la información solicitada, dentro de unas diligencias previas que analizan el procedimiento seguido en la adjudicación de estos contratos.
Fuentes judiciales han precisado que la causa continúa en fase de investigación y que, por el momento, no hay personas investigadas. El objetivo de estas actuaciones es recopilar toda la documentación necesaria para determinar si el procedimiento administrativo se ajustó a la legalidad.
El contrato de la Zona ORA, adjudicado a la empresa Dornier, contempla una concesión de larga duración para la gestión del estacionamiento regulado en Matalascañas. La iniciativa ha sido uno de los asuntos que mayor debate ha generado en la política municipal durante los últimos meses, tanto por su repercusión económica como por las dudas planteadas por la oposición y distintos colectivos vecinales sobre la tramitación administrativa.
La Asociación de Propietarios de Matalascañas y los grupos de la oposición han cuestionado en reiteradas ocasiones el procedimiento de adjudicación, argumentando que la ordenanza reguladora del servicio no había sido aprobada por el Pleno municipal. De hecho, la propuesta fue rechazada en dos ocasiones por la corporación, alimentando la controversia en torno a la implantación del sistema de estacionamiento regulado.
Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte ha defendido siempre la legalidad de todo el procedimiento y ha insistido en que la apertura de diligencias judiciales no supone la existencia de irregularidades ni la atribución de responsabilidades penales. El Consistorio ha reiterado además su disposición a colaborar con la Justicia y facilitar cuanta documentación le sea requerida.
La investigación permanece abierta mientras el juzgado analiza la documentación recopilada para esclarecer si la tramitación de ambos contratos se ajustó a la normativa vigente.