La Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma y la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo han procedido al cierre cautelar del establecimiento tras detectar que funcionaba como centro sanitario sin la correspondiente autorización.
Una clínica dedicada a los injertos capilares en la capital onubense ha sido precintada después de que las autoridades detectaran que estaba desarrollando su actividad como centro sanitario sin contar con la autorización necesaria.
La actuación fue llevada a cabo por la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma, en colaboración con la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo. La intervención se inició tras una denuncia que alertó de la situación del establecimiento.
Según la información disponible, los responsables realizaron hasta tres visitas de inspección a la clínica. Durante estas actuaciones se solicitó al centro que cesara su actividad y presentara la documentación requerida para acreditar su autorización como establecimiento sanitario.
Sin embargo, ante la continuidad de la actividad, las autoridades propusieron el cierre cautelar de la clínica, una medida que finalmente se ejecutó mediante el precintado de sus accesos. De forma paralela, también se ha iniciado la propuesta para la apertura de un expediente sancionador.
El caso pone de relieve la importancia de que los centros que desarrollan actividades sanitarias dispongan de las correspondientes autorizaciones administrativas, especialmente cuando ofrecen tratamientos o intervenciones que requieren garantías y controles específicos para la seguridad de los pacientes.