La Junta de Andalucía ha iniciado actuaciones contra el decreto municipal que permitió la puesta en marcha de la Zona ORA en el núcleo costero.
La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha asegurado que la Junta de Andalucía ha iniciado actuaciones contra el decreto municipal que permitió la puesta en marcha de la Zona ORA en el núcleo costero, al considerar que la aprobación del servicio debía pasar por el Pleno del Ayuntamiento de Almonte y no ser aprobada mediante decreto de Alcaldía.
Según ha trasladado el colectivo vecinal, la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública habría comunicado al Consistorio la apertura de un procedimiento de tutela de legalidad sobre el citado decreto, firmado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella. Desde la asociación interpretan este movimiento como un “varapalo” al proceso seguido por el equipo de gobierno para implantar el sistema de estacionamiento regulado.
La polémica sobre la Zona ORA continúa creciendo en Matalascañas después de varias semanas marcadas por el enfrentamiento político y vecinal en torno a la medida. Los propietarios sostienen además que el alcalde firmó posteriormente un nuevo decreto anulando el anterior, aunque —según denuncian— esta circunstancia no fue comunicada públicamente durante las últimas sesiones plenarias celebradas en el Ayuntamiento.
Asimismo, la asociación ha criticado las declaraciones realizadas desde el equipo de gobierno municipal acerca del pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Según indican, el órgano autonómico no avaló la legalidad de la Zona ORA, sino que únicamente inadmitió un recurso presentado por cuestiones formales.
El debate sobre la implantación de la zona azul en Matalascañas sigue abierto tras el rechazo de las ordenanzas municipales vinculadas al servicio durante el último pleno extraordinario, donde la oposición y los concejales no adscritos votaron en contra de la propuesta.
Desde la Asociación de Propietarios han reiterado que continuarán recurriendo todas las actuaciones relacionadas con la implantación del sistema de estacionamiento regulado mientras, aseguran, no exista una cobertura jurídica clara para su aplicación.