El establecimiento ha decidido cancelar todas las reservas previstas para este verano hasta que se esclarezcan los hechos.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha citado a declarar en calidad de investigados al actual alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y a la exalcaldesa Aurora Águedo, por su posible implicación en un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. El procedimiento está relacionado con la autorización del funcionamiento de un chiringuito ubicado en la zona de dominio público marítimo-terrestre que, según el auto judicial, carece de concesión y de licencia municipal de apertura.
La investigación parte de una denuncia presentada por vecinos de la zona, que alertaron desde 2019 sobre posibles infracciones medioambientales relacionadas principalmente con el ruido y la actividad nocturna del establecimiento. A raíz de estas denuncias y de un informe del Ministerio Fiscal, el juez sostiene que existen indicios de que la actividad del chiringuito se ha mantenido pese a informes técnicos contrarios y a la falta de autorización legal, lo que habría generado molestias a residentes y afectaciones al entorno.
En el auto se recoge que las resoluciones administrativas adoptadas habrían permitido la continuidad de esta actividad a pesar de su carácter “molesto e insalubre”, según los informes recogidos, y en un espacio donde legalmente no se podría reproducir música ni realizar eventos nocturnos. También se apunta que no se habría actuado con contundencia ante las denuncias recibidas por parte de la Policía Local.
Por otra parte, el establecimiento en cuestión ha informado que, ante la actual situación judicial, ha decidido cancelar todas las reservas previstas para este verano. Según fuentes del propio negocio, se trata de una medida preventiva mientras se esclarecen los hechos. Además, el chiringuito ha recibido en los últimos días numerosas muestras de apoyo por parte de sus clientes habituales, muchos de los cuales han expresado su respaldo a través de redes sociales.
El propietario del establecimiento también ha sido citado como investigado por un posible delito contra el medio ambiente, en el marco de esta misma causa.
El procedimiento continúa en fase de instrucción y, por el momento, no se ha dictado ninguna medida cautelar de cierre ni se ha celebrado la comparecencia judicial de los investigados.