Cuatro de los detenidos en una operación contra el narcotráfico en Isla Cristina han quedado en libertad provisional tras el pago de una fianza de 20.000 euros.
Un total de cuatro de los detenidos en una operación contra el narcotráfico desarrollada por la Guardia Civil al principio de esta semana en Isla Cristina han quedado en libertad provisional tras el pago de una fianza de 20.000 euros. Por otro lado, otros cinco también se encuentran en libertad provisional con medidas cautelares, mientras que otras seis personas acudieron al juzgado en calidad de investigados.
Según ha indicado el TSJA a Europa Press, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte comparecieron el miércoles 15 personas, nueve detenidos y los seis restantes en calidad de investigados, relacionadas con una operación contra el narcotráfico.
En relación a las nueve personas detenidas, la jueza acordó el ingreso en prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 20.000 euros de cuatro de ellas, fianza que abonaron los cuatro, por lo que se encuentran en libertad provisional.
Por otro lado, en cuanto a las cinco personas restantes, la jueza acordó su puesta en libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional.
De manera genérica, se investigan presuntos delitos contra la salud pública, de pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Todos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. También hubo dos menores detenidos que pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.
OPERACIÓN
La Guardia Civil detuvo a 15 personas en Isla Cristina (Huelva) por la supuesta implicación en delitos de tráfico de drogas y receptación de efectos sustraídos. Estas personas, que en la mayoría de los casos les unían vínculos familiares, se dedicaban a la venta de hachís y cocaína en la modalidad de menudeo, es decir, venta de pequeñas cantidades a consumidores finales.
Según indicó el Instituto Armado en una nota de prensa, esta actividad ilícita estaba generando «gran alarma social» en la zona, al verse «incrementado notablemente» la presencia de personas adictas en las inmediaciones de los domicilios donde se realizaba la venta de la sustancia, derivando a conflictos entre vecinos e incluso entre los propios consumidores, que en muchos casos hacían uso de armas, provocando «una grave sensación de inseguridad».
