La red de explotación laboral operaba en explotaciones agrícolas de las provincias de Huelva y Sevilla, hacinaba a extranjeros en una nave para cobrarles hospedaje y estaban sometidos a condiciones de trabajo abusivas.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de trabajadores inmigrantes en el sector agrícola, una trama que, además de operar desde la localidad sevillana de El Real de la Jara, habría causado importantes perjuicios económicos a propietarios de explotaciones agrícolas de las provincias de Huelva y Sevilla.
La operación, denominada ‘Baetis Cistus’ y desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Rinconada, se ha saldado con la detención del presunto cabecilla de la organización y la investigación de otras tres personas por su supuesta colaboración en tareas de supervisión y transporte de los trabajadores. Al principal investigado se le atribuyen delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, estafa continuada, amenazas y apropiación indebida.
La investigación comenzó tras las denuncias presentadas por varios ciudadanos extranjeros en situación irregular que aseguraban estar siendo sometidos a condiciones de trabajo abusivas. Según la Guardia Civil, las víctimas eran captadas aprovechando su vulnerabilidad y trasladadas a una nave industrial en Sevilla, donde llegaron a convivir hasta 18 personas hacinadas, sin baños, duchas ni unas condiciones mínimas de habitabilidad. Además, se les cobraba diariamente por el alojamiento y el transporte hasta las fincas agrícolas, mientras dejaban de percibir sus salarios tras los primeros días de trabajo.
Las pesquisas también han destapado una presunta estafa que afectó directamente al sector agrícola onubense. De acuerdo con la investigación, el detenido ofrecía a propietarios de explotaciones agrícolas de Huelva y Sevilla servicios de recolección mediante las cuadrillas que controlaba. Sin embargo, una vez recogida la producción, esta era vendida directamente en almazaras de Huelva y Badajoz sin entregar posteriormente el dinero a los dueños de las fincas.
Los investigadores sostienen además que el presunto responsable se habría apropiado de material agrícola perteneciente a las explotaciones, provocando importantes pérdidas económicas a los agricultores afectados y extendiendo el perjuicio más allá de la explotación de los trabajadores.
La Guardia Civil considera que la organización obtenía beneficios tanto de la explotación de los trabajadores inmigrantes como del fraude cometido contra empresarios agrícolas, una doble vía de financiación ilícita que ha quedado al descubierto tras varios meses de investigación. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial, mientras que los otros tres investigados deberán responder por su presunta participación en los hechos.