Condenada una periodista onubense a dos años de cárcel. La prensa nacional avoca el fallo con dureza y trascendencia para el periodismo.
La Audiencia de Huelva ha condenado a dos años de cárcel a una periodista del diario Huelva Información por publicar noticias extraídas del sumario judicial del asesinato Laura Luelmo en 2018, que vulneraron su derecho a la intimidad. Se trata de la primera condena de prisión en vía penal para un periodista por contar un sumario en instrucción judicial, algo habitual en la prensa de tribunales.
La sentencia condena a la periodista por un delito de revelación de secretos con una multa de 3.200 euros, una indemnización de 30.000 euros a los padres de la joven asesinada y a su inhabilitación para ejercer como periodista. Asimismo, junto a la periodista condenada fue procesado otro compañero de redacción del Huelva Información, pero este ha resultado absuelto porque los jueces estimaron que sus informaciones eran relevantes para la opinión pública. El fallo declara al Huelva Información como responsable civil subsidiario.
Asimismo, el tribunal se ha encargado de decidir lo que era relevante para la opinión pública y lo que no, pues la sentencia ataca uno de los artículos en los que se hacía una recopilación de las tres versiones que hasta ese momento había dado Bernardo Montoya, el asesino de Laura Luelmo, y sobre el mismo considera que los datos aportados eran “manifiestamente innecesarios e irrelevantes para el interés público de la información”, sin tener en cuenta cual es el trabajo del periodista. Por ello, el tribunal vuelve a cruzar la línea para entrar a decidir sobre una cuestión que afecta claramente a la libertad de información.
Bernardo Montoya fue condenado a la pena de prisión permanente revisable por agresión sexual y asesinato a Laura Luelmo, en El Campillo (Huelva). Tras ello, la familia denunció al medio Huelva Información por seis noticias del caso. La sentencia destaca que la periodista informó de las distintas versiones que había dado Montoya sobre el crimen, detalles de las lesiones que sufrió la víctima según recogió la autopsia, los informes de toxicología y una imagen de la joven comprando en un supermercado justo antes de ser secuestrada por Montoya. Algunas de esas informaciones, afirman los jueces, “afectaban a la esfera personal de la fallecida y su familia, que causaba un perjuicio sin atender a ningún interés legítimo más que el de ofrecer exclusiva y primicia a costa de la ilegalidad”.
Opiniones de expertos
Joaquín Urías, profesor de Derecho constitucional y Derecho a la información en la Universidad de Sevilla, critica con dureza el fallo: “Hay un primer error de concepto porque la sentencia intenta castigar a quien publica un sumario y la ley no lo contempla, y un segundo por argumentar las informaciones que no son relevantes, que es todo lo contrario a lo que ha dicho al respecto el Tribunal Constitucional”.
Ramón Orza, profesor de Derecho de la información en la Universidad de Granada, añade: “La clave está en el trabajo que le cuesta al tribunal justificar la utilización de un delito pensado para la protección de datos en el ámbito digital, para aplicárselo a la filtración de un expediente judicial en papel”.
Loreto Corredoira, profesora titular de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, añade: “La sentencia es muy desproporcionada, pero me parece aún más grave la pena accesoria de inhabilitación. La intención de la periodista no era revelar secretos íntimos de la víctima, que es lo que castiga el artículo 197 del Código Penal”.
Por último, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha tildado el fallo de “atentado contra la libertad de información” y “peligroso precedente”, y ha avanzado que estudiará las “posibles repercusiones” para el ejercicio de la profesión. La FAPE ha incidido en la necesidad de regular el secreto profesional, incluida en el proyecto que estaba en trámite parlamentario y que decayó por la convocatoria de elecciones generales.
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