La flota afronta con incertidumbre la próxima finalización del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania, cuyo vencimiento está previsto para el próximo mes de noviembre.
La flota marisquera gestionada por la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), con sede en Huelva, afronta con incertidumbre la próxima finalización del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania, cuyo vencimiento está previsto para el próximo mes de noviembre.
Según ha señalado la asociación, las negociaciones para renovar el protocolo mantienen en vilo a la única flota española de esta modalidad que faena en aguas mauritanas. Mauritania reclama una mayor compensación económica a Bruselas para mantener abierto el caladero, mientras el retraso en las conversaciones incrementa la preocupación del sector.
Desde Anamar confían en que una posible prórroga permita evitar la paralización de la actividad mientras ambas partes acercan posturas y alcanzan un nuevo acuerdo. La asociación advierte de que un cierre del caladero podría obligar a la flota a buscar alternativas muy limitadas o incluso a permanecer amarrada.
La situación resulta especialmente delicada para los buques marisqueros onubenses, ya que cuentan con escasos caladeros alternativos en los que poder desarrollar su actividad. Anamar recuerda además la experiencia de otras flotas comunitarias en África, que en los últimos años han tenido que abandonar o interrumpir temporalmente su actividad en diferentes caladeros.
A la incertidumbre sobre la renovación del acuerdo se suma el incremento de los costes de explotación. El último protocolo, firmado en 2021, contempló una aportación comunitaria de 57,5 millones de euros al Estado mauritano, además de otros 3,3 millones destinados a proyectos de desarrollo local, investigación e infraestructuras.
Los armadores deben asumir, además, otros gastos como licencias, tasas portuarias y cánones por descarga. En el caso de los marisqueros onubenses, este canon asciende a 450 euros por tonelada, a lo que hay que añadir el transporte terrestre de las capturas hasta la Península y el gasto en combustible.
Según Anamar, los costes operativos de cada buque superan con facilidad el millón de euros anuales. El aumento del precio del gasóleo se ha convertido, además, en uno de los principales problemas para esta flota, debido al elevado consumo que requieren los desplazamientos a los caladeros y la conservación de las capturas en alta mar.
Las vedas del pulpo agravan la situación
Otro de los factores que presionan la rentabilidad de la flota son las paradas biológicas del pulpo impuestas por las autoridades mauritanas. En 2025, los barcos tuvieron que afrontar cuatro meses y medio de veda, mientras que en lo que va de 2026 ya se han acumulado otros dos meses.
La reducción de los días efectivos de pesca, junto con la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo con Mauritania y el encarecimiento del combustible, sitúa a la flota marisquera ante una situación de especial presión a pocas semanas del vencimiento del actual protocolo.
Anamar advierte de que la falta de un acuerdo a tiempo podría tener importantes consecuencias para una actividad que considera especialmente dependiente del caladero mauritano. La asociación agrupa actualmente a 49 buques congeladores, de pabellón nacional y sociedades mixtas en terceros países, dedicados principalmente a la pesca de crustáceos en aguas de Angola, Marruecos, Mauritania, Guinea-Bisáu y Senegal.