El tribunal considera que el deslinde no implica actuaciones materiales inmediatas sobre el terreno y, por tanto, no aprecia un riesgo ambiental urgente que justifique su paralización temporal.
La Audiencia Nacional ha desestimado la petición de suspensión cautelar presentada por WWF contra el deslinde de las marismas de Doñana aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Con esta decisión, el procedimiento seguirá adelante mientras se resuelve el recurso principal interpuesto por la organización ecologista.
El tribunal considera que el deslinde no implica actuaciones materiales inmediatas sobre el terreno y, por tanto, no aprecia un riesgo ambiental urgente que justifique su paralización temporal. En el auto judicial se señala que la medida tiene carácter administrativo y declarativo, sin conllevar obras ni modificaciones físicas en el espacio natural.
WWF sostiene que esta delimitación puede tener consecuencias negativas para el ecosistema de Doñana, especialmente por la posible entrada de agua salada en zonas consideradas tradicionalmente de agua dulce. La organización entiende que el nuevo deslinde podría alterar el equilibrio natural de las marismas y afectar a la conservación del humedal.
La resolución afecta a más de un centenar de kilómetros de dominio público marítimo-terrestre repartidos entre los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar. Desde el Ministerio defienden que el procedimiento busca reforzar la protección jurídica de estos terrenos mediante su incorporación al dominio público estatal.
Además de WWF, distintos organismos y administraciones han mostrado dudas sobre el alcance del deslinde. Entre ellos se encuentran la Estación Biológica de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Hinojos, que consideran necesario estudiar con mayor profundidad las posibles repercusiones ambientales de la medida.
Aunque la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares, el proceso judicial continúa abierto y será en una futura sentencia cuando se determine si el deslinde impulsado por el Gobierno se ajusta o no a derecho.