La Abogacía del Estado pide al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del voto de los afectados y advierte de que no hay tiempo suficiente para revisar los expedientes antes de los comicios generales.
El Gobierno considera «materialmente imposible» diferenciar, antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, a los españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la conocida como ley de nietos de aquellos que la adquirieron por otras vías. Así lo ha trasladado la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, al que ha vuelto a solicitar que revoque la suspensión cautelar que afecta al voto de estos ciudadanos residentes en el extranjero.
En un escrito presentado ante el alto tribunal, los servicios jurídicos del Estado advierten de que los plazos del calendario electoral impiden realizar las comprobaciones necesarias para distinguir a los electores afectados por la medida. Según argumentan, el censo electoral debe estar disponible el 12 de octubre y su publicación definitiva está prevista para el día 23 del mismo mes.
El Ejecutivo sostiene que revisar individualmente los expedientes en ese periodo resulta inviable y podría provocar que ciudadanos españoles perdieran su derecho al sufragio en los próximos comicios.
El Supremo suspendió cautelarmente el voto
La controversia se remonta a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre, cuando acordó suspender cautelarmente el derecho al voto y las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas nacionalizadas mediante la ley de nietos, salvo en los casos en los que se acredite el exilio de sus familiares.
Esta vía, contemplada en la Ley de Memoria Democrática de 2022, permite obtener la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que perdieron o tuvieron que abandonar el país, entre otros motivos, por el exilio.
La medida cautelar se adoptó en el marco de los recursos presentados por Vox y la organización Iustitia Europa, que cuestionan los efectos electorales de este procedimiento de nacionalización.
El alto tribunal justificó su decisión en la necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral mientras analiza el fondo del asunto.
El Gobierno alerta de que podrían verse afectados 163.020 electores
La Abogacía del Estado advierte de que las medidas cautelares podrían afectar a 163.020 españoles reconocidos como nuevos electores, cuyo derecho al voto estaría condicionado por la resolución judicial.
El Gobierno considera que no resulta proporcionado impedir su participación electoral sin haber podido examinar individualmente sus circunstancias. Además, sostiene que la participación de estos ciudadanos no tendría un impacto significativo en el resultado de las elecciones.
En su escrito, el Ejecutivo insiste en que debe prevalecer el derecho fundamental al sufragio y rechaza que la Administración sea responsabilizada por no haber revisado con anterioridad cientos de miles de expedientes que, según recuerda, se han tramitado durante los últimos cuatro años.
Cruce de argumentos entre el Gobierno y Vox
La Abogacía del Estado también ha criticado la petición de Vox de extender la suspensión cautelar a las próximas elecciones generales. Los servicios jurídicos consideran que esa solicitud podría suponer la eliminación del derecho al voto de ciudadanos españoles procedentes del exilio.
Por su parte, Vox e Iustitia Europa defienden la necesidad de garantizar la transparencia del censo electoral y cuestionan el procedimiento seguido para determinadas inscripciones vinculadas a la ley de nietos.
El Tribunal Supremo deberá valorar los argumentos de las partes antes de adoptar una decisión sobre las medidas cautelares y sobre el alcance de sus efectos en la convocatoria electoral.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su petición de que se levante la suspensión y advierte de que la proximidad de las elecciones dificulta cada vez más cualquier revisión individualizada de los expedientes.
La decisión judicial será determinante para aclarar en qué condiciones podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre los ciudadanos afectados por esta controversia.