Hablamos con David F. Calderón, candidato número tres de Por Andalucía por Huelva en las elecciones al Parlamento Andaluz.
ECN: David, ¿podría explicarnos su trayectoria política y qué le ha llevado a formar parte de Por Andalucía?
DFC: El desarrollo de mi labor profesional como psicólogo especializado en salud mental e intervención comunitaria en zonas desfavorecidas me ha confirmado una idea: la raíz de muchos problemas del ser humano está en la forma en la que nos relacionamos y organizamos socialmente, en el tipo de sistema del que formamos parte, que siempre nos determina. Cuando es injusto, individualista y controlado por los intereses de una minoría, la mayoría social sufre.
Esa idea está en la base de la vocación que me llevó a licenciarme en Psicología, a trabajar con familias y barrios vulnerables, a participar en el movimiento asociativo vecinal y a integrarme en Izquierda Unida, una organización que lleva en sus entrañas la justicia social y en su horizonte el afán de unión de las mayorías para transformar una sociedad profundamente injusta.
Posteriormente, como concejal de Izquierda Unida, formé parte del gobierno de Cartaya, como primer teniente de alcalde y concejal de Políticas Sociales, entre otras competencias. Esa responsabilidad me permitió ampliar el ámbito de mi trabajo desde la persona, la familia y el barrio hasta el municipio, donde logramos medidas históricas en Cartaya como la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio de forma directa, a través de una fundación pública, recuperando ese servicio esencial de manos de las grandes empresas.
Este último paso también ha sido natural: Por Andalucía es la unión de las izquierdas que llega para gobernar, para transformar la sociedad y para construir condiciones sociales justas que generen bienestar, calidad de vida y posibilidades de autorrealización en la mayoría social.
ECN: ¿Qué papel cree que debe desempeñar Por Andalucía en la política andaluza y, en particular, en la provincia de Huelva?
DFC: Andalucía enfrenta unas elecciones autonómicas decisivas para superar el fuerte retroceso en derechos sociales, calidad de los servicios públicos y justicia fiscal provocado por ocho años de gobierno del PP en nuestra región.
Por Andalucía tiene un programa claro y eficaz para revertir los graves deterioros que el gobierno de las derechas ha provocado en la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y otros servicios públicos esenciales, favoreciendo su mercantilización por parte de los poderes económicos.
Hoy, Andalucía está a la cola del país en la mayoría de los parámetros de calidad sanitaria asistencial, cuya expresión más trágica ha sido la crisis de los cribados de cáncer de mama. Nuestra región también sufre los peores datos del país en atención a la dependencia, uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.
La lista de espera de dependencia en Andalucía se sitúa entre las más elevadas del Estado. El tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia fue de 574 días en el primer semestre de 2025, superándose ampliamente el plazo legal máximo de 180 días y la media estatal de 342 días. En 2025, 6.784 personas dependientes fallecieron en Andalucía mientras se encontraban en lista de espera para recibir su prestación.
Por Andalucía rescatará la sanidad pública elevando la inversión por habitante para situar a Andalucía por encima de la media del conjunto del Estado. Priorizaremos la inversión en sanidad pública por encima de los conciertos sanitarios, que quedarán reducidos a su mínima expresión. Reforzaremos la Atención Primaria para garantizar citas médicas en menos de 48 horas, contrataremos 8.000 profesionales sanitarios para reducir las listas de espera y mejoraremos las condiciones laborales de las plantillas.
En materia de dependencia, cumpliremos la ley que el Gobierno del PP ha incumplido sistemáticamente. Las personas dependientes recibirán la prestación a la que tienen derecho en menos de 180 días, no en más de 600 como ocurre actualmente. Para ello, aumentaremos el personal encargado de las valoraciones y fomentaremos la gestión directa del servicio a través de las administraciones públicas, garantizando empleo de calidad.
La situación de la educación pública andaluza también requiere un cambio de rumbo. Desde el comienzo del Gobierno del PP se han suprimido más de 2.500 aulas en Andalucía y 240 en la provincia de Huelva, la mayoría en centros públicos. Paralelamente, se ha impulsado la educación privada concertada, hasta alcanzar en 2026 un récord de financiación de más de mil millones de euros, así como un crecimiento del 76% de la FP privada frente al 29% de la pública.
Desde Por Andalucía blindaremos la educación pública garantizando una inversión anual por habitante por encima de la media estatal. Reduciremos las ratios, reforzaremos la atención a la diversidad y ampliaremos la red de centros públicos, reduciendo la concertación a su mínima expresión.
El Gobierno del PP también ha desnaturalizado las políticas de vivienda. Ha ignorado la Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno central y ha aprobado reformas como el Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que incrementa el precio de la vivienda protegida, favorece la especulación y facilita la cesión de suelo público a grandes constructoras.
Desde Por Andalucía aplicaremos la Ley por el Derecho a la Vivienda desde el primer Consejo de Gobierno, moderando los precios del alquiler en zonas tensionadas y derogando el decreto del PP andaluz. Impulsaremos vivienda pública para facilitar el acceso de jóvenes y personas con ingresos insuficientes.
Estas políticas han tenido consecuencias claras: el 35,6% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, la tasa más alta del país, con más de tres millones de personas afectadas.
Desde Por Andalucía se elevará la inversión en políticas sociales hasta alcanzar la media estatal. Impulsaremos la gestión pública directa de los servicios sociales y desarrollaremos un plan de mejora laboral para sus profesionales, con plantillas adecuadas y condiciones dignas.
Para financiar estas medidas, superaremos el modelo fiscal regresivo del PP, que ha concedido privilegios a grandes empresas y fortunas mediante bonificaciones en el impuesto de Patrimonio y Sucesiones y la reducción del tramo más alto del IRPF autonómico. Impulsaremos una reforma fiscal justa que garantice la financiación de los servicios públicos.
ECN: ¿Cómo describiría la situación económica, social y laboral de Huelva?
DFC: Huelva es una provincia con una enorme riqueza, pero también con profundas desigualdades.
Aunque la subida del salario mínimo ha beneficiado a más de 147.000 onubenses, la provincia sigue siendo la tercera de España con menor salario medio, especialmente entre los jóvenes, cuya renta no supera los 9.000 euros anuales.
La economía onubense depende en gran medida de sectores con alta estacionalidad y precariedad laboral como el turismo, la agricultura y los servicios.
El sector agrario es una referencia en producción agrícola y ganadería extensiva, una actividad sostenible y de alto valor social. Sin embargo, enfrenta dificultades derivadas de la negativa del Gobierno andaluz a aplicar la Ley de Precios Justos.
Si Por Andalucía forma parte del Gobierno andaluz, garantizaremos su aplicación desde el primer Consejo de Gobierno. Los agricultores y ganaderos recibirán precios justos y las grandes empresas que incumplan serán sancionadas. Además, impulsaremos ayudas a pequeñas explotaciones y un matadero provincial portátil, en colaboración con otras administraciones
«Huelva es una provincia con una enorme riqueza, pero también con profundas desigualdades»
ECN: En materia de empleo, ¿qué medidas tangibles propone para reducir el desempleo en la provincia?
DFC: Proponemos cambiar el modelo productivo desde lo concreto: reindustrialización, apoyo a pymes y cooperativas, impulso de la agroindustria, la logística y la industria verde, con empleo estable y de calidad.
Huelva no puede depender solo de la estacionalidad o de sectores precarizados. Queremos una Junta que actúe como motor económico, orientando la inversión hacia proyectos que generen empleo en el territorio y apoyen al tejido productivo local frente a los grandes fondos de inversión.
También impulsaremos una banca pública andaluza para facilitar crédito a pymes, cooperativas y proyectos generadores de empleo.
ECN: La vivienda es uno de los principales problemas para los jóvenes. ¿ Qué propuestas reales plantea?
DFC: Huelva es una de las provincias con mayores dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Los salarios bajos y el incremento del precio del alquiler agravan la situación.
En los últimos años, nuestra provincia ha experimentado un aumento significativo del coste de la vivienda, situándonos como la segunda provincia andaluza con mayor subida, solo superada por Cádiz. A pesar de que el coste en Huelva es aún inferior al de otras provincias, la acelerada subida de precios está dificultando el acceso a la vivienda para la población joven, que sufre el peor salario medio del país, con apenas 7.926 euros anuales.
Este encarecimiento de la vivienda, la escasa oferta de alquiler y, en y zonas costeras, la práctica cada vez más frecuente de no alquilar durante años completos, están agravando exponencialmente los problemas de acceso a una residencia habitual en Huelva, una de las provincias país con menor salario medio, mayor edad de emancipación de la juventud y mayor tasa de población en riesgo de exclusión o pobreza.
Lamentablemente, el Gobierno andaluz no solo se ha negado a cumplir la Ley por el Derecho a la Vivienda del gobierno progresista central, sino que ha introducido reformas legislativas que desnaturalizan el propósito de las políticas de vivienda pública, como el Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda.
Este Decreto del PP andaluz ha aumentado el precio de las viviendas de protección oficial, permitiendo promociones de vivienda pública de hasta 350.000 euros, como ha ocurrido recientemente en Sevilla. El PP, además, ha legislado para facilitar la cesión de suelo público a las constructoras, en lugar de impulsar la gestión pública del parque de vivienda pública y ha permitido que personas con salarios de hasta 4.200€ mensuales accedan a una VPO. Con estos cambios legislativos, el PP andaluz dinamita el sentido de la vivienda pública en nuestra provincia, beneficiando a las personas con mayor capacidad económica y al sector inmobiliario privado.
Desde Por Andalucía aplicaremos la Ley por el Derecho a la Vivienda, regularemos los alquileres en zonas tensionadas y derogaremos el decreto del PP. Impulsaremos un parque público de vivienda que facilite la emancipación juvenil.
ECN: Si hablamos de sanidad pública, ¿qué prioridades considera necesarias para mejorar la atención sanitaria en la provincia?
DFC: La gestión del PP andaluz ha condenado a la población onubense a esperar entre 15 y 30 días para que le atienda el médico de cabecera, un año para pruebas diagnósticas y hasta dos años para recibir tratamiento. Estas listas de espera han provocado que en Andalucía 3.600 personas hayan fallecido en el último año por cáncer, pudiendo haber salvado su vida de haber sido atendidas a tiempo, según un estudio científico reciente.
Huelva es la única provincia andaluza que no dispone de hospital materno-infantil ni de Centros Hospitalarios de Alta Resolución, tras los innumerables compromisos incumplidos del Gobierno del PP en Andalucía. Desde 2018, el Gobierno del PP incumple sistemáticamente su palabra con la provincia, sin haber construido ni incluido en los presupuestos de 2026 los CHARE de Bollullos ni el de la Sierra.
Nuestra provincia sufre una grave falta de equipamiento diagnóstico, contando solo con 26,2 equipos de TAC y resonancia magnética (RMN) por millón de habitantes, una cifra muy por debajo de la media andaluza, de 31,7 equipos. Estas carencias colocan a Huelva como una de las provincias con peor ratio de equipos de radiodiagnóstico en España.
Como consecuencia, en Huelva se incumple sistemáticamente el plazo máximo de 30 días para la realización de pruebas diagnósticas fijado por el Decreto 96/2004 de la propia Junta de Andalucía. Esta situación es especialmente alarmante en una provincia que registra una de las tasas más altas de mortalidad por cáncer en Andalucía, con 234 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.
Desde Por Andalucía, construiremos los CHARE de Aracena y Bollullos, con una inversión estimada de 21 millones de euros para cada infraestructura. Durante el primer año de legislatura, abriremos el CHARE de Lepe y finalizaremos la construcción del hospital materno-infantil. También crearemos nuevos centros de salud, como el de la capital, en la zona de Marismas del Odiel, y el de Cartaya.
Con estas actuaciones, superaremos las graves deficiencias en infraestructuras sanitarias de la provincia de Huelva, lo que nos permitirá reducir las listas de espera y mejorar la atención primaria y especializada.
También mejoraremos el equipamiento para el diagnóstico en los centros sanitarios públicos de Huelva, elevando el número de TAC y RMN por encima de la media andaluza de equipos por habitante.
La sanidad pública andaluza tiene solución. Si Por Andalucía forma parte del Gobierno de la Junta, se elevará la inversión por habitante para situar a Andalucía por encima de la media del conjunto del Estado. Priorizaremos la inversión en sanidad pública sobre los conciertos sanitarios, que quedarán reducidos a su mínima expresión. Reforzaremos la atención primaria para garantizar citas médicas en menos de 48 horas, contrataremos 8.000 profesionales sanitarios más, reduciremos las listas de espera para especialistas e intervenciones quirúrgicas y mejoraremos las condiciones laborales de las plantillas, garantizando el derecho efectivo a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público universal.
«La FP debe servir para que los jóvenes encuentren oportunidades en Huelva»
ECN: En el caso de la educación y la formación profesional, ¿qué cambios considera para adaptarlas al mercado laboral actual?
DFC: Defendemos la educación pública. Proponemos invertir el 7% del PIB en educación, reducir ratios, recuperar aulas eliminadas y reforzar la atención a la diversidad.
En Formación Profesional, ampliaremos la oferta pública vinculada a sectores estratégicos como la economía verde, la industria y el sector agroalimentario, adaptándola a las necesidades reales del territorio. La FP debe servir para que los jóvenes encuentren oportunidades en Huelva, no para que tengan que marcharse.
ECN: En relación con la seguridad y el narcotráfico en la provincia de Huelva y su entorno, ¿qué valoración hace su formación de la situación actual y qué medidas considera necesarias para abordarla y proteger a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?
DFC: La situación es extremadamente preocupante y sería un error reducirla únicamente a un problema policial. El narcotráfico se ha convertido en una amenaza estructural que afecta a la seguridad, a la economía y a la convivencia en Andalucía. Por Andalucía considera que no hay narcotráfico sin blanqueo de capitales.
El dinero del narco no se queda en las playas ni en las narcolanchas: termina entrando en operaciones inmobiliarias, sociedades pantalla y circuitos económicos opacos. Por eso creemos que combatir el narcotráfico no puede limitarse a endurecer discursos o aumentar penas; hay que perseguir también el dinero y las estructuras financieras que permiten que estas mafias crezcan.
Nuestra propuesta pasa por un Plan Integral Andaluz contra el Crimen Organizado, reforzando plantillas, medios materiales y tecnológicos para Guardia Civil y Policía Nacional, mejorando la protección de los agentes y aumentando la coordinación entre administraciones y organismos como la Agencia Tributaria o el SEPBLAC para atacar el blanqueo de capitales
ECN: Con respecto la migración, ¿qué modelo considera adecuado para compatibilizar derechos, integración y necesidades laborales?
DFC: Defendemos un modelo basado en derechos, integración y responsabilidad.
Huelva conoce muy bien la importancia de la población migrante en sectores como la agricultura, los cuidados o los servicios. Lo que no podemos aceptar es que haya personas necesarias para trabajar, pero invisibles para vivir con dignidad.
Hay que garantizar condiciones laborales justas, alojamiento digno, escolarización, atención sanitaria, aprendizaje del idioma, mediación intercultural y lucha contra cualquier forma de racismo o explotación.
La migración debe abordarse desde los derechos humanos y desde una política pública seria, no desde el miedo.
“Defendemos un modelo basado en derechos, integración y responsabilidad.”
ECN: ¿Qué mensaje les manda a los votantes onubenses para este 17M?
DFC: Les diría que Huelva no está condenada a esperar siempre. Tenemos derecho a una sanidad pública fuerte, a una vivienda asequible, a empleo digno, a una educación pública de calidad, a infraestructuras, a proteger Doñana y a que nuestras comarcas tengan futuro.
Este 17M no se trata solo de votar unas siglas, se trata de decidir si Andalucía sigue al servicio de unos pocos o empieza a gobernar para la mayoría.
Por Andalucía es la papeleta de quienes quieren que Huelva cuente, que sus jóvenes puedan quedarse y que la vida de la gente esté por delante del negocio de un puñado de privilegiados