Batería de propuestas para que la futura normativa de Doñana garantice la participación real de la población local, la protección del empleo, la continuidad de los servicios turísticos, el respeto a los usos tradicionales y un modelo de gestión más justo, sostenible y adaptado a la realidad del territorio.
El Ayuntamiento de Almonte ha presentado ante la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos una batería de propuestas para que la futura normativa de Doñana garantice la participación real de la población local, la protección del empleo, la continuidad de los servicios turísticos, el respeto a los usos tradicionales y un modelo de gestión más justo, sostenible y adaptado a la realidad del territorio. Las alegaciones buscan asegurar que los cambios previstos en los planes de ordenación del Espacio Natural tengan en cuenta tanto la conservación del entorno como las necesidades de quienes viven y trabajan en él.
El PORN establece el marco general de protección y ordenación de Doñana, mientras que el PRUG regula de forma concreta cómo se usan y gestionan sus recursos en el día a día. En este contexto, el consistorio ha recordado que Almonte soporta la mayor parte de la superficie de Doñana y de su área de influencia socioeconómica, por lo que cualquier modificación en su regulación tiene un impacto directo en la vida del municipio. Por ello, considera esencial que la nueva normativa refuerce la seguridad jurídica de las actividades existentes y articule mecanismos efectivos de participación para los agentes locales.
Entre las principales aportaciones, el Ayuntamiento propone la creación de un registro oficial de entidades, colectivos y empresas con intereses legítimos en Doñana, con el fin de que sean informados de forma efectiva de cualquier proceso de revisión o consulta que afecte a itinerarios turísticos, autorizaciones o decisiones relevantes en materia de uso público. Esta herramienta permitiría avanzar hacia un modelo de gobernanza más transparente y participativo.
Otra de las alegaciones relevantes plantea la necesidad de garantizar la continuidad del itinerario turístico Sur, que conecta El Acebuche con Sanlúcar de Barrameda por la playa, mientras se adapta a la nueva normativa. El Ayuntamiento subraya que este servicio, gestionado históricamente por entidades locales, es un motor económico y un ejemplo de turismo sostenible, por lo que no debe quedar en una situación de incertidumbre durante la transición hacia futuros modelos de concesión.
En materia de empleo, el documento solicita que la normativa incorpore expresamente la subrogación del personal vinculado al itinerario Sur en caso de cambio de concesionario. El objetivo es proteger el empleo especializado que se ha consolidado en el municipio y evitar la pérdida de capital humano en uno de los servicios con mayor singularidad dentro del Espacio Natural. Esta previsión incluye también a los socios trabajadores de cooperativas, fundamentales en la estructura económica local.
El Ayuntamiento también reivindica un reconocimiento explícito al papel de la Economía Social en el desarrollo sostenible del entorno. Considera que los principios que definen este modelo (estabilidad del empleo, calidad del servicio, arraigo territorial y orientación a las personas) coinciden plenamente con los objetivos de conservación y aprovechamiento responsable de Doñana, por lo que deben tener reflejo en la normativa.
Del mismo modo, plantea priorizar los criterios técnicos, sociales y ambientales en la concesión de servicios de uso público, impulsando una contratación pública responsable frente a planteamientos basados exclusivamente en el precio. Recordando que la legislación vigente permite introducir cláusulas sociales y ambientales que contribuyan a una gestión más alineada con las necesidades del territorio.
Las alegaciones incluyen, además, propuestas para ordenar los flujos de vehículos en el interior del Espacio Natural, mejorar la conexión entre Almonte y Sanlúcar, y compatibilizar el proyecto “Senderos del Rocío” con la conservación de playas y sistemas dunares. El Ayuntamiento solicita que los desplazamientos vinculados a este proyecto no computen dentro del cupo de visitas establecido para el interior del Parque, al tratarse de recorridos que no interfieren en las zonas de mayor sensibilidad ambiental.
Otro bloque importante del documento se centra en la protección de los usos tradicionales, como la recogida de piña, el marisqueo a pie o el carboneo. Defendiendo que estos aprovechamientos, hoy amenazados por diversos factores económicos y ambientales, deben ser reconocidos, actualizados y regulados para garantizar su continuidad, el relevo generacional y su contribución positiva a la conservación del territorio.
Finalmente, el Ayuntamiento de Almonte ha solicitado que la normativa reconozca explícitamente el derecho preferente de las corporaciones locales, recogido en la legislación estatal, para la obtención de concesiones y autorizaciones de servicios de uso público. También ha pedido que la Junta de Andalucía coordine con el Consistorio la redacción de los pliegos de condiciones de los principales itinerarios y servicios, especialmente aquellos que discurren íntegramente por el término municipal de Almonte.