Se actuará en los 89 km de recorrido de la N-433 en la provincia, en otros 61 km de la N-435 y en el enlace entre ambas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 9,8 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Huelva. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La duración es de 3 años, con posibilidad de prórroga de 2 años y otra adicional de un máximo de 9 meses. Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 195,232 km de carreteras del sector nº02. Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:

  • N-433A, desde el km 61,5, en el límite con Sevilla, hasta el km 150. Este tramo atraviesa los municipios de Aracena o Cortegana hasta casi llegar a Rosal de la Frontera, en la frontera portuguesa.
  • N-435A, desde el km 107, en el enlace con la N-433 cerca de Jabuco, hasta el km 167,6, llegando a Zalamea la Real. Esta carretera, que une Badajoz y Huelva, discurre en este tramo entre los parques naturales de Sierra Pelada y Sierra de Aracena.

Además de la conservación de estos tramos, el contrato incluye la rehabilitación del firme de la carretera N-435 en varios puntos entre los kilómetros 129,400 y 166, dentro de la provincia.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

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