La disolución de las Cortes deja en suspenso varias iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial, los medios de comunicación y la protección de los periodistas.
El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha provocado la paralización de varias normas que se encontraban en diferentes fases de tramitación. Entre ellas se encuentran las iniciativas destinadas a regular los ‘deepfakes’ creados mediante inteligencia artificial (IA) y a crear un registro estatal de medios de comunicación.
Una de las normas afectadas era la reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El proyecto incluía medidas relacionadas con las imágenes generadas mediante IA sin autorización, conocidas como ‘deepfakes’, además de abordar los denominados contenidos de ‘true crime’.
También queda paralizado el proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación. Esta iniciativa contemplaba la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El registro habría obligado a los medios de ámbito estatal a mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad y sobre los ingresos procedentes de la publicidad institucional.
Cambios en la publicidad institucional
El adelanto electoral también deja en suspenso el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público. Entre sus propuestas se encontraba establecer un límite a la cantidad de publicidad institucional que pueden recibir los medios de comunicación y las plataformas digitales.
El límite previsto era del 35% de la cifra de negocios neta anual del medio o del grupo empresarial al que perteneciera. Los medios que superasen ese porcentaje y hubieran recibido publicidad institucional no podrían optar posteriormente a publicidad estatal.
Protección de las fuentes periodísticas
Otra de las iniciativas que no continuará su tramitación es la ley orgánica destinada a regular el derecho al secreto profesional de los periodistas y de los prestadores de servicios de medios de comunicación.
El proyecto pretendía proteger a los profesionales de la información frente a la obligación de revelar la identidad de sus fuentes o entregar materiales que pudieran permitir identificarlas. Además, contemplaba restricciones a la utilización de programas informáticos de vigilancia sobre periodistas, salvo en casos excepcionales autorizados por los tribunales.
Con la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones, estas iniciativas quedan sin tramitación parlamentaria. Su eventual recuperación dependerá de las nuevas Cortes que surjan de las elecciones del 29 de noviembre y de las prioridades legislativas que se establezcan en la próxima legislatura.