La operación se ha saldado con 13 personas investigadas y la intervención de más de 54.000 artículos falsificados valorados en más de 6,5 millones de euros.
La Guardia Civil ha investigado a 13 personas por su implicación en un delito contra la propiedad industrial e intervenido un total de 54.332 artículos falsificados de reconocidas marcas comerciales, dispuestos para su venta cuyo valor estimado en el mercado asciende a más de 6,5 millones de euros.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por el representante legal en España de una de las marcas, en la que se informaba de la interceptación, por parte de las autoridades aduaneras de los Países Bajos, de un envío de productos electrónicos y telefonía falsificados cuyo destino final era la provincia de Huelva.
A raíz de esta información, agentes de la Compañía Fiscal y de Fronteras del Puerto de Huelva iniciaron las correspondientes investigaciones, dando comienzo a la operación denominada “APFEL”. Durante el desarrollo de la misma se localizaron once establecimientos minoristas de las provincias de Huelva y Sevilla donde se comercializaban gran cantidad de productos falsificados de distintas marcas. Las investigaciones permitieron identificar posteriormente tres establecimientos mayoristas ubicados en la provincia de Sevilla, desde los que se abastecía a la mayor parte de los comercios investigados.
En la operación, desarrollada entre los meses de febrero y julio, se contó con el apoyo de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Sevilla. Entre otros artículos, se intervinieron teléfonos, tablets, fundas, cargadores, consolas etc., todos ellos supuestamente falsificados según las propias marcas.
La Guardia Civil destaca la elevada calidad de alguna de las falsificaciones, circunstancia que, unida al precio de venta, la presentación de los establecimientos y la forma de exposición de los productos, dificultaba que los consumidores pudieran distinguirlos de los artículos originales, facilitando el engaño en el momento de la compra.
Asimismo, estos productos carecían de los controles de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente, por lo que su utilización podía entrañar riesgos para la seguridad y la salud de los consumidores, especialmente al tratarse de dispositivos electrónicos y eléctricos.
Como consecuencia de las actuaciones desarrolladas, se ha podido constatar un descenso considerable en la venta de este tipo de productos falsificados en establecimientos físicos desde el inicio de las intervenciones. Este hecho pone de manifiesto el efecto disuasorio de la operación y la mayor concienciación de los comerciantes respecto a las consecuencias legales derivadas de este tipo de comercio.
La Guardia Civil recuerda la importancia de adquirir este tipo de productos únicamente a través de establecimientos y canales de venta autorizados, verificando siempre su procedencia y desconfiando de precios significativamente inferiores a los habituales de mercado. De este modo se contribuye a proteger los derechos de los consumidores, garantizar la seguridad de los productos adquiridos y salvaguardar la propiedad industrial de las marcas afectadas.