Buscan tomar medidas tras las informaciones sobre la retirada de fragmentos del lugar del accidente, en Adamuz, por parte de personal de Adif sin autorización judicial previa.

Más de 120 personas afectadas por el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en el término municipal de Adamuz —que se saldó con 46 fallecidos y más de 120 heridos— han decidido constituirse oficialmente en una asociación de afectados y valoran emprender medidas legales ante la polémica sobre la retirada de material de la zona donde se produjo el siniestro.

El portavoz de la plataforma de afectados, Mario Samper, ha explicado que este martes se celebra una asamblea para formalizar la constitución de la entidad, en la que está previsto debatir medidas civiles y penales tras las informaciones sobre la retirada de fragmentos del lugar del accidente por parte de personal de Adif sin autorización judicial previa.

Según ha señalado Samper, la noticia de que trabajadores de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se llevaron partes de las vías durante la madrugada del 22 al 23 de enero ha generado “indignación” entre las víctimas y familiares de fallecidos. “No entiendo cómo puede ocurrir que alguien corte un trozo de vía y se lo lleve sin control alguno”, ha declarado el portavoz, que ha tachado estos hechos de una posible ocultación de pruebas esenciales en la investigación.

La constitución de esta asociación pretende organizar la respuesta colectiva de los afectados, registrar formalmente la entidad y decidir la estrategia jurídica a seguir, incluida la presentación de querellas o demandas tanto civiles como penales, según avance la investigación. Samper ha destacado también el impacto emocional de lo ocurrido, especialmente para quienes han perdido a familiares.

El caso se encuentra bajo investigación judicial y técnica. El material retirado por Adif ha sido objeto de debate institucional: la Guardia Civil ha señalado que parte de ese material fue trasladado sin el permiso judicial correspondiente, mientras que Adif ha defendido que solo movió piezas que no fueron recogidas por la Guardia Civil ni por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y que siempre estuvieron disponibles para las autoridades.

La polémica sobre la custodia de pruebas se produce en un contexto de intensa investigación del siniestro, en la que se analizan las causas de la rotura de la vía y otros factores implicados en la tragedia que conmocionó a la comunidad andaluza y al conjunto del país.

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