El colectivo cuestiona la legalidad del procedimiento del Ayuntamiento de Almonte y no descarta acudir a los tribunales.
Los propietarios de viviendas en Matalascañas han alertado de posibles consecuencias jurídicas derivadas de la implantación del sistema de estacionamiento regulado (ORA) por parte del Ayuntamiento de Almonte, cuya entrada en vigor está prevista en las próximas semanas. La asociación considera que el proceso presenta deficiencias legales que podrían traducirse en reclamaciones contra el consistorio.
En un comunicado, el colectivo sostiene que la medida podría haberse impulsado sin contar con una ordenanza municipal debidamente aprobada, un requisito imprescindible para regular este tipo de servicios. A su juicio, esta situación vulneraría derechos básicos de los ciudadanos, como la posibilidad de presentar alegaciones antes de su aplicación.
Los propietarios advierten de que, de confirmarse estas irregularidades, el Ayuntamiento podría enfrentarse a reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Entre ellas, posibles indemnizaciones a usuarios que abonen tasas sin respaldo legal, así como a vecinos y empresarios afectados por un eventual impacto negativo en el acceso a viviendas o en la actividad económica.
Asimismo, subrayan que la falta de cobertura normativa podría conllevar la nulidad de sanciones impuestas en el marco de la ORA, lo que abriría la puerta a un incremento de recursos administrativos y procedimientos judiciales contra la administración local.
El colectivo también ha puesto el foco en las posibles repercusiones económicas para Matalascañas, un enclave turístico que depende en gran medida de la afluencia de visitantes, especialmente durante la temporada alta. En este sentido, temen que la medida pueda afectar tanto al comercio local como a la percepción del destino.
Ante este escenario, la asociación no descarta emprender acciones legales si el proyecto continúa adelante en sus actuales condiciones, al tiempo que insta al equipo de gobierno y a los grupos de la oposición a revisar el procedimiento para garantizar su legalidad.