La asociación ha pedido al Gobierno ayudas para la flota si se prolongan las negociaciones con Mauritania y los barcos no pueden faenar.
La flota marisquera gestionada por la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), con base en Huelva, ha solicitado al Gobierno central que prepare medidas de apoyo ante la incertidumbre existente sobre la renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania, cuyo actual protocolo finaliza el próximo mes de noviembre.
La asociación ha trasladado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su petición de establecer ayudas para el sector en caso de que las negociaciones se prolonguen y los barcos no puedan continuar faenando en aguas mauritanas.
Según Anamar, las conversaciones para renovar el acuerdo están siendo complejas debido, entre otros aspectos, a las diferencias en torno a la compensación económica que recibiría Mauritania a cambio de mantener abierto el caladero a la flota europea.
La organización advierte además de que incluso si finalmente se alcanza un acuerdo, un retraso en su entrada en vigor y en los trámites administrativos podría provocar la paralización de los buques durante varios meses, un periodo que, según sus estimaciones, podría prolongarse hasta febrero o marzo.
La Junta pide medidas transitorias
La situación también ha sido abordada por la Junta de Andalucía. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado al Gobierno central que intensifique las gestiones diplomáticas para favorecer la renovación del acuerdo y que contemple medidas transitorias para la flota si el nuevo protocolo no está listo cuando expire el actual.
El protocolo vigente entró en vigor en noviembre de 2021 y su vencimiento está previsto para el 14 de noviembre de 2026. La Junta ha señalado que el acuerdo afecta a 60 barcos, de los que 25 tienen puerto base en Andalucía.
Guinea-Bisáu, una alternativa limitada
Ante un eventual cierre temporal del caladero mauritano, Anamar señala Guinea-Bisáu como una de las posibles alternativas para la flota. Sin embargo, la asociación considera que este caladero no dispone de capacidad suficiente para acoger a todos los buques que actualmente faenan en Mauritania.
Para los armadores onubenses, las aguas mauritanas constituyen un caladero histórico para la pesca de marisco y una zona difícil de sustituir por otros destinos.
Más de un millón de euros de gastos por buque
A la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad se suma el incremento de los costes de explotación. Anamar señala que el anterior protocolo, firmado en 2021, contempló una aportación comunitaria de 57,5 millones de euros a Mauritania, además de otros 3,3 millones destinados a proyectos de desarrollo local, investigación e infraestructuras.
Los armadores asumen también los costes derivados de las licencias, las tasas portuarias y los cánones por descarga. En el caso de los marisqueros onubenses, este último concepto alcanza, según la asociación, los 450 euros por tonelada.
A estos gastos se suman el transporte de las capturas hasta la Península y el combustible. Anamar estima que el transporte terrestre puede alcanzar unos 7.000 euros por camión y descarga, mientras que los gastos operativos de cada buque superan, según la organización, el millón de euros al año.
La flota reclama así que se establezcan mecanismos de apoyo para afrontar una eventual interrupción de la actividad mientras continúan las negociaciones entre la Unión Europea y Mauritania.