Las actuaciones seguirán impulsando la inclusión sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad y proyectos de sensibilización frente al racismo y la xenofobia.
El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos que regulan la concesión directa de 6,5 millones de euros para financiar proyectos locales en los 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana. El objetivo de la medida es impulsar la inclusión social y laboral de la población más vulnerable.
La dotación, que aumenta en 1,5 millones de euros respecto a 2025, se engloba en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Las ayudas forman parte de las medidas acordadas por el Gobierno para acompañar la transición ecológica y reforzar la cohesión social y territorial de este enclave.
La contribución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se concreta en distintas actuaciones de la Línea 13 del Marco (13.1 a 13.3), dirigidas tanto a mejorar las condiciones de vida de la población local en situación de vulnerabilidad como a favorecer el acceso a derechos de la población migrante.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que «con estas subvenciones se reafirma el compromiso del Gobierno con Doñana y con las personas que viven y trabajan en su entorno. Seguimos impulsando proyectos que ya están mejorando la inclusión, la convivencia y el acceso a derechos en los municipios de la zona. Más recursos para llegar más lejos y beneficiar a más personas«.
Impacto directo para más de 210.000 habitantes
Las actuaciones se desarrollarán en los catorce municipios del área de influencia socioeconómica del Espacio Natural de Doñana: Almonte, Aznalcázar, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa. En este territorio, de cerca de 3.000 kilómetros cuadrados, residen más de 210.000 personas.
Los ayuntamientos dispondrán ahora de diez días hábiles para presentar sus proyectos tras la entrada en vigor de los respectivos reales decretos y, a continuación, se formalizarán los correspondientes convenios con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Actuaciones para reforzar la inclusión social
El primero de los Reales Decretos movilizará 4,5 millones de euros -a través de la línea 13.3- para seguir financiando proyectos locales que mejoren las condiciones de vida de la población local más vulnerable de Doñana. Estas ayudas se destinarán, como ya se hizo en 2025, a impulsar proyectos piloto que favorezcan la inclusión social y laboral de los colectivos en situación de pobreza y/o exclusión social.
Los proyectos deben incorporar un dispositivo de triaje social, es decir, un sistema en el que un equipo interdisciplinar de especialistas valora la situación de riesgo y necesidad de las personas usuarias de los servicios sociales y realiza un diagnóstico de su vulnerabilidad. El resultado es un plan de actuación, consensuado con cada persona, para garantizar un acompañamiento continuado durante todo el proceso de inclusión.
Los ayuntamientos ya están implantando/reforzando estos sistemas de triaje social, que serán evaluados por el CSIC, así como aumentando sus plantillas. Hasta la fecha, se han realizado más de veinte contrataciones en los ámbitos de los servicios sociales con perfiles como trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de integración social, educadores u orientadores laborales. También están impulsando itinerarios personalizados de inclusión social y laboral, acompañamiento integral y acciones de orientación para el empleo.
Los itinerarios pueden incluir, entre otras, las siguientes actuaciones:
- Fomento de la capacitación laboral.
- Apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
- Desarrollo de programas de refuerzo lingüístico.
- Actividades de prevención y reducción del absentismo escolar.
- Impulso de actuaciones de mediación y sensibilización.
- Apoyo psicosocial para mujeres víctimas de violencia de género, así como para sus hijos e hijas y para víctimas de violencia sexual.
- Formación y concienciación ambiental para potenciar las condiciones de empleabilidad en los denominados ‘empleos verdes’.
La Secretaría General de Inclusión seguirá realizando el seguimiento y evaluación de los proyectos. Los resultados serán publicados para contribuir a la generación de nuevas evidencias en el Laboratorio de las Políticas de Inclusión.
Integración de la población migrante
El segundo Real Decreto aprobado regula la concesión directa de dos millones de euros a los ayuntamientos del entorno de Doñana para financiar iniciativas dirigidas a la población de origen extranjero y da continuidad a las ayudas aprobadas en 2025.
La financiación permitirá desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización frente al racismo, la xenofobia, los delitos e incidentes de odio, la trata de seres humanos, la explotación laboral y sexual y la violencia contra las mujeres extranjeras. Asimismo, se impulsarán proyectos destinados a promover la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la prevención de la exclusión y la discriminación y la protección de los derechos humanos.
Información sobre la nueva normativa de extranjería
Las ayudas financiarán también actuaciones dirigidas a facilitar el conocimiento de la normativa de extranjería y de las diferentes vías de regularización previstas en la legislación vigente. Entre otras medidas, los ayuntamientos podrán poner en marcha puntos de información para trabajadores extranjeros, oficinas móviles de asesoramiento, acciones divulgativas en varios idiomas y servicios de atención y orientación administrativa para acercar la información a las personas migrantes y facilitar el ejercicio de sus derechos.
El Real Decreto amplía, además, hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo de ejecución de los proyectos financiados en la convocatoria anterior con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actuaciones ya puestas en marcha por los municipios beneficiarios.