El desahucio de una mujer de 87 años ha provocado una movilización por el derecho a la vivienda y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
Maricarmen Abascal es una mujer madrileña de 87 años que vivía desde hacía unos 71 años en la misma vivienda, situada en el distrito de Retiro, en Madrid. Su caso se hizo conocido después de que fuera desahuciada el pasado 23 de septiembre.
Maricarmen, que tiene una discapacidad y utiliza silla de ruedas, llevaba décadas viviendo en ese piso. El inmueble había pasado a manos de un fondo de inversión y, después de varios intentos anteriores, finalmente se ejecutó el desahucio.
Su situación provocó una fuerte reacción de organizaciones de inquilinos y movimientos sociales, que consideran que su caso representa un problema más amplio: el de las personas que pueden perder su vivienda cuando no tienen capacidad económica para hacer frente a las nuevas condiciones del mercado.
El caso de Maricarmen pasó así de ser un desahucio concreto a convertirse en el símbolo de las reivindicaciones de estos colectivos.
La Puerta del Sol de Madrid se ha convertido en el escenario de una protesta en defensa del derecho a la vivienda. Decenas de personas permanecen acampadas para reclamar al Gobierno nuevas medidas que protejan a los inquilinos y eviten que personas en situación de vulnerabilidad pierdan su vivienda sin disponer de una alternativa.
La movilización está relacionada con el caso de Maricarmen, su situación ha provocado una fuerte reacción de organizaciones de defensa de los inquilinos, que comenzaron a reclamar medidas más amplias para evitar casos similares.
La protesta fue convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’. El pasado sábado, miles de personas participaron en una manifestación por las calles de Madrid y, posteriormente, algunos manifestantes decidieron continuar la protesta instalándose en la Puerta del Sol.
¿Qué le ocurrió a Maricarmen?
El caso de Maricarmen se convirtió en el origen de la movilización. La mujer, de 87 años, vivía desde hacía décadas en una vivienda de Madrid. El inmueble pasó a manos de la empresa Urbagestión en 2018 y, desde entonces, comenzaron los problemas relacionados con su contrato de alquiler y los intentos de desahucio.
Su situación adquirió una especial relevancia debido a su edad y a su larga permanencia en la vivienda. Las organizaciones de inquilinos utilizaron su caso para denunciar lo que consideran una falta de protección suficiente para las personas mayores y vulnerables frente a los procedimientos de desahucio.
Finalmente, representantes de Maricarmen y de la empresa propietaria alcanzaron un acuerdo con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. El pacto contempla que pueda volver a su casa después de recibir el alta hospitalaria.
El acuerdo establece un nuevo contrato de ocho años y una renta que no superaría el 30 % de sus ingresos netos. El pacto, no obstante, debía ser aceptado por la propia Maricarmen.
¿Qué es el llamado ‘decreto Maricarmen’?
El nombre de ‘decreto Maricarmen’ no corresponde a la denominación oficial de una ley. Es el término utilizado por las organizaciones de inquilinos para referirse al conjunto de medidas que reclaman al Gobierno en materia de vivienda.
El objetivo de estas reivindicaciones es modificar las condiciones actuales de los alquileres y aumentar la protección de las personas que tienen dificultades para mantener su vivienda.
Entre las principales propuestas defendidas por el Sindicato de Inquilinas se encuentran la renovación automática de los contratos de alquiler, la congelación de las rentas, una mayor regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y medidas para evitar desahucios cuando la persona afectada no tenga una alternativa habitacional.
La organización considera que estas medidas son necesarias para evitar que situaciones como la de Maricarmen vuelvan a repetirse.
El Gobierno aprueba nuevas medidas
La movilización coincide con un momento en el que el Gobierno ha aprobado nuevas medidas relacionadas con el alquiler y los desahucios.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a dos reales decretos que incluyen, entre otras medidas, la ampliación hasta 2030 de determinadas medidas de protección frente a los desahucios.
También se contempla la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una cuestión que ha adquirido importancia debido al aumento de este tipo de contratos en algunas ciudades y a su impacto sobre el mercado tradicional del alquiler.
Otra de las medidas acordadas establece una prohibición hasta 2028 de determinadas compras de vivienda por parte de fondos de inversión. Además, algunos contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse durante dos años.
El Gobierno también plantea la renovación automática de determinados contratos de alquiler, una de las cuestiones que forman parte de las reivindicaciones del movimiento de inquilinos.
¿Por qué continúa la acampada?
A pesar de las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo y del acuerdo alcanzado en el caso concreto de Maricarmen, los manifestantes mantienen la protesta.
El motivo es que el Sindicato de Inquilinas considera que las medidas aprobadas no incluyen todas sus reivindicaciones. Por ello, la organización ha decidido mantener la presión en la Puerta del Sol y reclamar que el Gobierno amplíe las medidas previstas.
La protesta, por tanto, ha pasado de centrarse exclusivamente en el caso de una mujer de 87 años a convertirse en una reivindicación más amplia sobre el acceso a la vivienda y las condiciones de los alquileres.
Una protesta que va más allá de un caso concreto
El caso de Maricarmen ha servido como símbolo de una problemática que afecta a distintos colectivos de inquilinos. La discusión gira en torno a cuestiones como el precio de los alquileres, la duración de los contratos, los desahucios y la protección de las personas con menos recursos.
Mientras el Gobierno defiende las nuevas medidas como un avance en materia de protección de los inquilinos, las organizaciones convocantes reclaman cambios adicionales.
Por el momento, la Puerta del Sol continúa siendo el punto central de la protesta. Los manifestantes mantienen la acampada a la espera de que sus reivindicaciones sean incorporadas a las medidas que se tramiten en las próximas semanas.
El caso de Maricarmen, que comenzó como un conflicto concreto relacionado con su vivienda, ha terminado convirtiéndose así en el símbolo de una movilización que pretende abrir un debate más amplio sobre cómo garantizar que las personas puedan mantener su vivienda cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad.